Nicolás Ibáñez: “En un país serio, las autoridades no emiten opiniones sobre causas judiciales pendientes, menos aún cuando no se ha oído la defensa de las partes aludidas. Lo contrario implica despreciar la presunción de inocencia, que es uno de los principios esenciales de un orden democrático…”.

El mercado es uno de los fundamentos de la sociedad libre. Sin él no pueden existir ni libertades políticas ni real democracia, como prueban sin excepción alguna los regímenes socialistas del siglo pasado y los que aún se mantienen vigentes. El mercado, como el Estado, no son entes abstractos, sino personas de carne y hueso. El primero surge espontáneamente cuando se deja a las personas en libertad de perseguir sus proyectos de vida, pues, como observó Adam Smith, tenemos una tendencia natural hacia el intercambio. Ese intercambio libre permite un incremento sustancial en la calidad de vida de la población, como prueban diversos estudios sobre la materia.

En ese contexto, los empresarios cumplimos el rol de satisfacer las necesidades de las personas ofreciendo los mejores productos que podamos a los menores precios posibles. Si fallamos en esa tarea, los consumidores nos castigan y corremos el riesgo de perder el negocio. Por supuesto, todo ello supone competencia.

En mis varias décadas como empresario y director de empresas he defendido siempre el valor del mercado y de la competencia, no solo porque creo en ellos por principios, sino también, como nos ha recordado el profesor Luigi Zingales, experto en materias de competencia y capitalismo, durante su reciente visita, porque las empresas que dejan de competir pierden dinamismo, se atrofian y se vuelven cada vez más incapaces de subsistir en el largo plazo.

En otras palabras, competir es un buen negocio para el empresario. Lamentablemente, Chile ha conocido casos que atentan contra ese principio, algo que por lo demás no es exclusivo de nuestro país, así como los escándalos de corrupción política tampoco lo son. Si la transparencia es crucial para reducir la corrupción en el aparato público, también es esencial para la credibilidad de una economía de mercado que las barreras a la entrada en las diversas áreas sean bajas, de manera tal de hacer posible a nuevos actores entrar a competir.

Adicionalmente, es esencial fiscalizar que se juegue limpio. Estos últimos son roles del Estado y debe celebrarse que los cumpla con celo y profesionalismo. Lo que no debiera ocurrir es que la legítima preocupación por la competencia se desvirtúe por razones ideológicas de modo de servir a ciertos intereses políticos que no comparten las instituciones que fundan un orden de mercado.

Especialmente en tiempos en que Chile se encamina hacia una crisis económica cada vez más aguda y en que todo indica que la situación económica internacional empeorará aun más, no es sensato de parte del Gobierno instrumentalizar temas sensibles para el bienestar de la población con el fin de obtener dividendos políticos e ideológicos. El clima de animosidad y la retórica antiempresarial que se vienen instalando desde hace tiempo en nada ayudan a garantizar que el mercado funcione como corresponde, y menos aún a superar los difíciles años que vienen.

Sin duda la legislación vigente debe respetarse y, en un Estado de Derecho, su transgresión debe ser sancionada. En un país serio, sin embargo, las autoridades no emiten opiniones sobre causas judiciales pendientes, menos aún cuando no se ha oído la defensa de las partes aludidas. Lo contrario implica despreciar la presunción de inocencia, que es uno de los principios esenciales de un orden democrático.

Es indispensable retomar el diálogo constructivo, sereno y maduro que le permitió a este país convertirse en el más desarrollado de América Latina. Chile conoce, por su propia historia, los riesgos de la polarización y del reemplazo de la discusión racional por el eslogan, la descalificación y los juicios desmesurados a priori .

Publicado en El Mercurio.
Foto de El Mostrador.